El pasado mes de diciembre, el pleno del ayuntamiento de Pamplona aprobó la remunicipalización de su Servicio de Atención a Domicilio. Dicho servicio pasará a ser gestionado directamente por el área de Acción Social.
¿Cómo ha sido viable legalmente la remunicipalización?
La medida se sustenta en dos informes jurídicos y uno económico favorables, gracias a los cuales los técnicos del ayuntamiento han considerado que la gestión directa era la más viable.
En ellos se alude al artículo 85.5 de la Ley de Bases de Régimen Local, que sostiene que “los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente”. Es por ello que haya sido necesario el informe económico, que consideraba que la remunicipalización garantizaba los principios económicos de eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que impone la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales.
Por otro lado, la asunción de la plantilla por parte del ayuntamiento ha sido posible gracias al concepto de sucesión de empresas conforme al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que ha de ser interpretado a la luz de la directiva 2001/23 CE, y tal como lo está interpretando el TJCE (así lo dijo STS 17/06/08, en recurso de unificación de la doctrina 4426/06).
A estos informes técnicos hay que añadir otro más del Área de Acción Social y Desarrollo Comunitario que justifica la oportunidad y desarrollo de nuevas funciones con la asunción de la gestión directa del SAD.
¿Quién gestionaba antes el Servicio de Atención a Domicilio?
Hasta la fecha, el servicio lo gestionan dos empresas:
– Por un lado, una empresa pública, ASIMEC, que con la remunicipalización quedará disuelta.
-Por otro, de manera externalizada, con una empresa concesionaria, cuyo contrato con la administración finaliza y no será renovado.
¿Qué pasa con las plantillas de la antigua empresa municipal y la contrata?
Dichas plantillas serán subrogadas por el ayuntamiento, en base al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores anteriormente mencionado. Dicha subrogación les permitiría conservar sus derechos adquiridos en sus anteriores empresas, pero al haber sido estas disueltas, sus condiciones laborales pasarán a regirse por el convenio del ayuntamiento.De esta manera, la remunicipalización resulta también ventajosa para las trabajadoras y los trabajadores, que mantendrán tanto su puesto de trabajo como sus condiciones laborales y derechos adquiridos.
¿Es la remunicipalización una forma de funcionarización por la puerta de atrás?
Absolutamente no. Las empleadas y empleados subrogados no se convierten en funcionarios, sino que pasan a ser “indefinidos no fijos”, figura recogida por el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Las nuevas plazas, así como las que dejasen vacantes las jubilaciones, deberían salir a concurso público y regirse por los criterios de igualdad, mérito y capacidad que marca la ley para la función pública.
Conviene, sin embargo, no olvidar las dificultades que la legislación actual impone a los procesos de remunicipalización de los servicios privatizados. Igualmente, es preciso añadir que estas leyes de ajuste presupuestario o de “racionalización y sostenibilidad”, si bien han sido sumisamente desarrolladas por nuestro gobierno, tienen su origen en las políticas privatizadoras y destructivas de la Unión Europea. A ellas habría que sumar el recientemente aprobado tratado de libre comercio con Canadá, más conocido como CETA, que ha contado con la vergonzosa alianza de Cs, PP y PSOE para su aprobación.
Para mayor oprobio de los socialistas es el hecho de que sus homólogos británicos y franceses, cuyas direcciones han dado recientemente un giro a la izquierda, se han opuesto a dicho tratado en la votación, con lo cual no pueden argumentar en su decisión ni siquiera la obediencia a una disciplina de voto que no ha existido.
Aun así, el ayuntamiento de Pamplona, así como tantos otros que se ha decidido a dar un paso adelante, ha demostrado que la remunicipalización de los servicios privatizados no solamente es posible, sino que además sería la opción más beneficiosa tanto para las
empleadas y los empleados como para el conjunto de la ciudadanía, así como la más económica. Así que no hay excusas para ponerse manos a la obra aquí en Getafe y devolver a la gestión pública, por ejemplo, el SAD, la parte del mantenimiento de parques
y jardines que está privatizada, el personal de las instalaciones deportivas municipales…
Javier Alcolea
Concejal de Ahora Getafe
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